El 4 de septiembre, en pleno encuentro de gobernadores, el presidente Abelardo de la Espriella lanzó una advertencia directa al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, por los procesos de acercamiento territorial que su departamento venía adelantando con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y con los Comandos de Frontera del Putumayo. El mandatario aseguró que ningún gobernador o alcalde puede adelantar negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con organizaciones que el Gobierno considera terroristas, y advirtió que quienes crucen esa línea deberán responder ante la justicia.

El gobernador Escobar respondió que su administración no sostiene encuentros clandestinos con ningún grupo armado. Frente a la advertencia, señaló que prefiere «poner la otra mejilla» y que esperaría que, con argumentos y diálogo, el presidente pudiera escucharlo y revisar su posición una vez conociera el contexto del proceso. El gobernador insistió en invitar al mandatario a conocer de primera mano lo que se había avanzado en materia de paz territorial durante el gobierno anterior.

La pregunta que queda abierta es qué pasará ahora con Walter Mendoza —cuyo nombre real es José Vicente Lesmes— y con el sector armado que lidera, señalado por De la Espriella como estructura terrorista. Mendoza encabeza la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, integrada a su vez en la CNEB junto a los Comandos de Frontera. Ambos grupos ejercen control sobre buena parte del territorio de Tumaco y sus corredores fluviales —el Mataje, el Tapaje, el Patía— y sobre municipios como El Charco y Magüí Payán.

La alianza entre los Comandos de Frontera y la Segunda Marquetalia, la disidencia liderada por Iván Márquez, se rompió en noviembre de 2024 tras el deterioro de las relaciones entre ambas estructuras, lo que llevó a los Comandos a continuar el diálogo con el Gobierno a través de la recién formada CNEB. Esa ruptura es clave para entender por qué hoy Walter Mendoza y los Comandos de Frontera ya no actúan de forma coordinada con la organización de Márquez, y por qué su futuro dentro del proceso de paz es cada vez más incierto.

Lo cierto es que ambas estructuras arrastran una identidad ambigua: los Comandos de Frontera nacieron en 2017 en Putumayo, formados por excombatientes de las FARC que se unieron para sostener el negocio de la coca, y en 2024 iniciaron conversaciones independientes con el Gobierno dentro de la política de paz total. Esa trayectoria explica por qué hoy el debate público las reconoce más como una red de narcotráfico que como una insurgencia con proyecto político, una tensión que también atraviesa al sector de Walter Mendoza.

El precedente del ELN en Nariño

Vale la pena recordar que Nariño ya tenía su propio precedente de negociación territorial, esta vez con un sector disidente del ELN: el Frente Comuneros del Sur, liderado por alias «HH» (Gabriel Yepes Mejía, también conocido como «Samuel»). Dentro del propio ELN, el comandante Antonio García llegó a acusar a HH de ser un infiltrado de la inteligencia militar colombiana, acusación que, pese a no derivar en ningún proceso disciplinario interno, coincidió con la ruptura formal del frente con el Comando Central (Coce) y la Dirección Nacional de la guerrilla en mayo de 2024. Esa fractura interna llevó al Coce a desconocer los diálogos de paz que Comuneros del Sur sostenía con el Gobierno, y desde entonces el resto de la estructura eleniana ha buscado, en distintos momentos, combatir o presionar militarmente a este frente en territorio nariñense. Pese a ese hostigamiento interno, el proceso de paz territorial con Comuneros del Sur —que incluyó protocolos de desminado humanitario en la región— contribuyó a una reducción sensible de las acciones bélicas en Nariño durante los últimos años.

El fin formal de los diálogos

La pregunta de los nariñenses es hoy más urgente de lo que parece, porque no se trata de una amenaza hipotética: el cierre de los canales de negociación ya es un hecho consumado. El 28 de agosto, antes incluso del encuentro con gobernadores, De la Espriella dio por terminadas formalmente las mesas de diálogo con la CNEB, el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), calificando esas negociaciones como «la claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo». La Fiscalía reactivó de inmediato órdenes de captura contra 46 miembros de esos grupos, trece de ellos de la CNEB. Días después, mediante la Resolución Ejecutiva 365 de 2026, el Gobierno cerró también la mesa que desde 2024 sostenía con el Frente Comuneros del Sur. Es decir: a la fecha, no queda ninguna mesa formal abierta en Nariño ni en Putumayo, ni con el sector de Walter Mendoza, ni con los elenos de «HH».

¿Unificación o fragmentación?

Frente a este escenario, muchos nariñenses se preguntan si la estrategia de guerra total de De la Espriella no terminará logrando el efecto contrario al buscado: en lugar de doblegar a los grupos armados, empujarlos a cerrar filas. La lógica de esa hipótesis no es descabellada —la historia insurgente colombiana ha mostrado que la presión militar unilateral, sin ninguna salida negociada, puede incentivar alianzas tácticas entre estructuras que hasta ahora competían entre sí— y no faltan quienes especulan con que el Estado Mayor Central, la CNEB y remanentes del ELN terminen articulando una coordinadora guerrillera más cohesionada para enfrentar con mayor efectividad a un gobierno que definen como de ultraderecha.

Sin embargo, la evidencia reciente apunta más bien en la dirección opuesta: la propia CNEB nació de una ruptura con la Segunda Marquetalia, el Frente Comuneros del Sur se fracturó del Comando Central del ELN, y de esa misma disidencia surgieron las Autodefensas Unidas de Nariño, una escisión adicional. La fragmentación —impulsada tanto por disputas de liderazgo como por el control de rentas del narcotráfico— ha sido, hasta ahora, la tendencia dominante en el suroccidente del país, más que la unidad ideológica.

La respuesta más probable de cada grupo

Con las mesas cerradas y las órdenes de captura reactivadas, la opción que les queda tanto al sector de Walter Mendoza como a los Comandos de Frontera y a los remanentes elenos de Comuneros del Sur no es muy distinta de la que históricamente han tomado otras estructuras armadas colombianas cuando se les cierra la puerta de la negociación: fortalecer su control territorial, acelerar el reclutamiento y blindar sus economías ilícitas —coca, minería ilegal, extorsión— como fuente de sostenimiento y de poder de negociación futuro.

Para Walter Mendoza, que ya sostenía una mesa con avances concretos como el tránsito de 99 excombatientes a la vida civil, el golpe es doble: no solo pierde el canal institucional, sino que corre el riesgo de que las bases que ya habían empezado a desarmarse reviertan ese proceso ante la incertidumbre jurídica y de seguridad que deja el cierre abrupto de los diálogos.

En el caso de los Comandos de Frontera, la respuesta más probable es una consolidación de su control sobre los corredores del narcotráfico en la frontera con Ecuador, aprovechando que su cohesión interna depende más de la economía de la coca que de un proyecto político unificado. Y para el sector eleno de Comuneros del Sur, ya debilitado por la ruptura con el Coce y por las acusaciones internas contra «HH», el cierre de su mesa podría acelerar su fragmentación hacia grupos más pequeños y menos predecibles, en lugar de fortalecer una respuesta articulada.

La respuesta frente a la guerra total de De la Espriella, entonces, probablemente no será una ofensiva coordinada y unificada, sino un repliegue defensivo de cada estructura hacia lo que mejor sabe hacer: proteger su territorio y su negocio, mientras el Estado intensifica la presión militar.

El dilema humanitario de fondo

Nariño y Putumayo atraviesan así una nueva reestructuración armada. La salida de 99 excombatientes de la CNEB hacia una Zona de Ubicación Temporal marcó un hito del proceso de paz territorial, pero el cambio de gobierno y el cierre definitivo de todas las mesas de diálogo abren un signo de interrogación mayor: si el fortalecimiento y la actividad militar de estos grupos se intensificará en la región, o si, por el contrario, terminarán cediendo ante la postura de mano dura que De la Espriella ha prometido sostener.

La pregunta de fondo no es solo qué pasará con Walter Mendoza o con los Comandos de Frontera, sino qué ocurrirá con la reducción de la violencia que Nariño había logrado sostener pese a la fragmentación armada. Con la política de «guerra total» —el reverso discursivo de la paz total de Petro—, el interrogante humanitario es doble: si el cierre de cualquier canal de diálogo territorial devuelve a estas zonas a los niveles de confrontación previos, y quién asumirá, en ausencia de negociación, la protección de comunidades que durante años han quedado atrapadas entre distintos grupos guerrilleros, sus economías ilícitas y ahora una ofensiva militar más frontal por parte del Estado.

«La historia insurgente colombiana ha mostrado que la presión militar unilateral, sin ninguna salida negociada, puede incentivar alianzas tácticas entre estructuras que hasta ahora competían entre sí»